Un total de 172 alcaldes de Gipuzkoa
y Nafarroa han reclamado la paralización de la tramitación del proyecto
de línea de alta tensión, que este miércoles Red Eléctrica de España
S.A. presenta en las subdelegaciones del Gobierno español en ambos
herrialdes.
Según ha informado la Plataforma ‘No a la línea de Alta
Tensión’, Red Eléctrica España (REE) quieren presentar el Estudio de
Impacto Ambiental y el Proyecto de Ejecución de la Línea de Alta Tensión
a 400.000 voltios entre la localidad guipuzcoana de Itsaso y la navarra
de Deikaztelu, «haciendo caso omiso de la oposición de 216 Ayuntamientos y Concejos que han aprobado mociones pidiendo la retirada del mismo».
Con el objetivo de responder «de forma inmediata» a la pretensión de
REE S.A. de tramitar de forma urgente el proyecto, 172 alcaldes han
presentado este miércoles una solicitud al Ministerio español de
Industria y Energía, para que este paralice la tramitación y no proceda a
la evacuación del trámite de información pública, hasta que no esté
aprobada la nueva planificación del sector eléctrico para el período
2014-2022.
Asimismo, han indicado que la existencia de «motivos objetivos» como
la contracción de la economía, el descenso de la demanda de energía
eléctrica, la paralización de nuevos proyectos de generación eléctrica o
el «insostenible déficit tarifario, deberían ser suficientes para que
el Ministerio de motu propio adoptase la medida que se le solicita».
Desde la Plataforma han advertido de que esta situación deja a los
municipios afectados en una situación de «total indefensión», ante una
política «de hechos consumados». «No se entiende por qué el Ministerio
envió a los Ayuntamientos el anteproyecto para la respuesta a las
consultas previas en pleno mes de agosto y ahora pretende abrir el
trámite de información pública en una semana», han denunciado.
Además, han criticado que «más allá del conchaveo» entre la empresa
promotora y el Ministerio, la respuesta social y de los entes locales de
los pueblos afectados «parece estar en la base de una decisión
incomprensible e injustificable».
Finalmente, han insistido en que van a «seguir hasta el final en la
defensa del derecho a vivir dignamente en nuestros pueblos», y han
exigido al resto de instituciones «que se sumen a esta solicitud de
paralización de la tramitación administrativa».
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