Las seis personas detenidas en
Iruñerria acusadas de colgar una gran ikurriña durante el txupinazo de
las últimas fiestas de San Fermín en la Plaza del Ayuntamiento han
quedado en libertad con cargos tras comparecer ante el juez. Junto a
ellos ha declarado la edil de Bildu en el Consistorio Patricia Perales.
Las seis personas detenidas ayer por la mañana en Iruñerria en relación al despliegue de una ikurriña de grandes dimensiones
durante el txupinazo sanferminero han quedado en libertad tras pasar la
noche en comisaría y comparecer ante el juez. Les acusan de «desórdenes
públicos» y les han impuesto comparecencias mensuales en el juzgado.
Según la agencia Efe, el juez ha ordenado la intervención de los
móviles de todos ellos y ha acordado recoger una muestra de su perfil
genético para cotejarlo con las evidencias halladas en el lugar de los
hechos. Asimismo, el juez va a investigar las llamadas registradas en
los días previos al txupinazo entre la concejala de Bildu Patri Perales y
dos de los imputados.
Además de Mikel Valdivielso (Errotxapea), Josu Gracia (Ayuntamiento),
los hermanos Xabi y Eneko Gartzia (Txapitela), Natxo Barriuso e Iñigo
Balbas, también ha declarado en el juzgado la citada edil.
A su salida del juzgado, Perales ha afirmado que según le ha
transmitido el juez no está imputada. «Solo he respondido a las
preguntas que me ha hecho el juez y lo que me ha dicho es que no estoy
imputada», ha asegurado.
En su auto, el magistrado sostiene que de las diligencias practicadas
se desprenden «claros indicios» de que fueron los detenidos quienes
colocaron momentos antes del txupinazo una ikurriña de grandes
dimensiones a escasos metros de la fachada del Ayuntamiento.
Eso, añade, provocó un retraso de casi veinte minutos en el
lanzamiento del txupinazo y supuso un «claro riesgo» para las miles de
personas que se encontraban en ese momento en la plaza Consistorial.
El juez afirma que es «notorio» que existen discrepancias sobre la
presencia de la ikurriña en ese acto, y alude al «peligro que hubiera
generado la caída incontrolada de la bandera, muy pesada y de grandes
dimensiones, sobre los congregados lo que podría haber colocado escenas
de pánico y movimientos de la masa de consecuencias inimaginables».
Esos hechos son, a su entender, constitutivos de un delito contra el
orden público. Para el juez, la «perturbación» que generó la colocación
de la enseña vasca debe reputarse como «grave».
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