Julio Sucunza, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Iruñea, intentó que se retirara una de las varias denuncias contra Simón
Santamaría que han derivado en la imputación del jefe de la Policía
Municipal de Iruñea por siete delitos diferentes. En concreto, el correo
de Sucunza hace referencia a la decisión arbitraria que tomó Santamaría
para prohibir una asamblea de trabajadores.
Sucunza, cargo político designado por UPN, reaccionó días después de
que el sindicato policial SPPME acudiera a la Policía Foral relatando
cómo Santamaría irrumpió en una sala momentos antes de que se celebrara
una asamblea de trabajadores y decidió prohibir la reunión, alegando que
existía un escrito del área de RRHH que, posteriormente, reconoció que
no tenía en su poder. A través del correo, el responsable dice que la
retirada de esa denuncia por un delito contra los derechos de los trabajadores
sería una solución «buena para todos» y, a renglón seguido, añade que
«quizás, mejor para vosotros». También aclara que aquello no suponía
ninguna «concesión».
sería una solución «buena para todos» y, a renglón seguido, añade que
«quizás, mejor para vosotros». También aclara que aquello no suponía
ninguna «concesión».
En su misiva, este cargo político se muestra muy preocupado por la
denuncia (a la que luego seguirían otras dos, en las que se relatan
casos de mobbing bastante más graves) y, en particular, por el hecho de
que la acción legal se dirija contra el jefe de la Policía Municipal. En
este sentido, Sucunza prefiere que se le culpe a él de lo ocurrido.
No obstante, la denuncia que Sucunza quiere evitar va más allá de la
mera denegación de la asamblea. Momentos después de que Santamaría
impidiera la reunión, uno de los responsables del sindicato fue
requerido por un inspector (su número
de placa es el 239 y también ha sido imputado) quien le notificó que
les habían denunciado por haber celebrado una protesta en la calle y
«perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que inciden
en la tranquilidad».
de placa es el 239 y también ha sido imputado) quien le notificó que
les habían denunciado por haber celebrado una protesta en la calle y
«perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que inciden
en la tranquilidad».
Los próximos 27 y 28, la juez ha citado a declarar a Santamaría, dos
inspectores y un comisario por las denuncias presentadas por el SPPME de
las que se desprenden delitos de amenazas y coacciones, entre otros.
otros.
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