domingo, 26 de enero de 2014

Madrid no deja que los vecinos de Oteiza opinen sobre las cámaras

El gobierno del PP niega la consulta propuesta "por no ser competencia municipal"

El grupo municipal de Bildu destaca que solo se pretendía conocer la opinión del pueblo sobre la videovigilancia

Una de las cámaras. 
 
El Consejo de Ministros ha denegado la consulta popular sobre las cámaras de videovigilancia que se instalaron y posteriormente retiraron en Oteiza. De esta forma, Madrid niega a los vecinos el derecho a opinar sobre las cámaras. Para ello usa el argumento de que la instalación de las mismas, sobre todo de la que se colocó en la fachada del ayuntamiento y que enfocaba a la calle, no es competencia municipal, ya que la captación de imágenes de personas en la vía pública se encuentra reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "El Ayuntamiento de Oteiza carecería de competencia para decidir la instalación de las videocámaras en el exterior de sus edificios, correspondiéndole tan solo solicitar su autorización al delegado del Gobierno. En consecuencia, el asunto no podría ser objeto de la consulta popular", explica el ministro Cristóbal Montoro en su comunicación. 
 
El grupo municipal de Bildu, que está en la oposición en Oteiza y que es quien impulsa la consulta, no entiende en base a qué se niega el referéndum, que no es vinculante y cuya pregunta iba a ser: ¿Aprueba usted la instalación del sistema de videovigilancia tanto en el interior como en el exterior del edificio del ayuntamiento?
 
"Lo que plantea la pregunta es si los vecinos aprueban o no la instalación de las cámaras, en ningún caso se dice que sea el Ayuntamiento el que las coloque y se salte la legalidad", explica uno de los dos concejales de Bildu en Oteiza, Josetxo Munárriz. 

RETIRADA. Como se recordará, el Ayuntamiento de Oteiza instaló las cámaras pero se vio obligado a retirarlas cuando el Consejo de Navarra consideró que el alcalde del PSN no tenía legitimación para colocarlas, algo sobre lo que Bildu había alertado. No obstante, cuando las cámaras estaban instaladas, 104 de los 700 vecinos que tiene Oteiza firmaron para pedir un referéndum ya que muchos se sentían molestos al ser grabados en la calle.
En un primer momento, el Pleno del Ayuntamiento, con la mayoría del PSN, denegó la consulta pero, posteriormente, el TAN anuló esa negativa, ya que la solicitud de consulta cumplía con los requisitos que marca la ley. Por este motivo, se convocó otro pleno en el que se aprobó que se iniciasen los trámites para celebrar la consulta popular, que tiene que ser autorizada por Madrid. Es en este punto en el que el Gobierno del PP ha decidido que los vecinos no se expresen sobre este tema. 

 Desde el grupo de Bildu remarcan que precisamente fueron ellos los que denunciaron que el Ayuntamiento no tenía competencia para instalar las cámaras. Munárriz destaca que el objetivo de la consulta era conocer la voluntad de los vecinos. "Únicamente queremos que el pueblo opine y en base a esa opinión, que el Ayuntamiento iniciase o no un procedimiento, pero siempre cumpliendo la legalidad como pedir el permiso a la Delegación y no al revés o simplemente que se instalasen sin conocer la opinión del pueblo", indica.

De todas formas, este grupo también se plantea por qué Madrid no da opción a modificar la cuestión planteada. "Podríamos preguntar si se aprueba que el Ayuntamiento solicite a la Delegación la autorización para la instalación de las cámaras, por ejemplo". 

POLÍTICA. Desde este grupo municipal apuntan a la política del PP como base para denegarla. "Parece que el resorte contrario a las consultas populares se ha disparado en los políticos profesionales de Madrid enfrentándose a los magistrados del TAN. No queremos parecer pretenciosos pero quizá el asunto de Catalunya haya influido en que saltase el resorte en esta consulta", señalan. Munárriz también explica que la decisión del PP "da vía libre al señor alcalde, puesto que ahora puede pedir la autorización y los permisos evitando la consulta", indica.

Frente a esta decisión del Consejo de Ministros no cabe recurso por vía administrativa y el tema debería ir al Tribunal Supremo. "Para eso hacen falta 5.000 euros, así que lo vemos difícil, pero estamos convencidos de que ganaríamos un recurso a esta decisión de Madrid", concluye Munárriz.

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