El grupo municipal de Bildu promueve la consulta popular y ha solicitado una revisión sobre todo el procedimiento
104 vecinos de
Oteiza se han presentado en el ayuntamiento y han firmado un documento a
través del que solicitan un referéndum para que los oteizanos aprueben o
rechacen la instalación del sistema de videovigilancia que se ha
colocado tanto en el interior como en el exterior del Consistorio.
Los hechos se remontan a hace un año, cuando el equipo de
gobierno (PSN) instaló dos cámaras de videovigilancia en el interior del
consistorio y una tercera en el exterior. Según los concejales de Bildu
Ricardo Azpillaga y Josetxo Munárriz, impulsores del referéndum, esta
última cámara abarca 360 grados y graba, además de la puerta del
ayuntamiento, dos plazas cercanas y la entrada a la iglesia, lo que
según indican "ha incomodado" a los vecinos.
Así, a fin de conocer cuál es la opinión de los vecinos sobre
la presencia de estas cámaras, los concejales de Bildu registraron un
documento en el Ayuntamiento para iniciar la recogida de firmas
necesaria para comenzar con el procedimiento previo y preceptivo de cara
a efectuar la consulta. Tal y como recoge la Ley Foral 27/2002 de 28 de
octubre, los referéndum pueden estar impulsados por la propia
Corporación o por un grupo de vecinos que sea igual al 10% de los
habitantes con derecho a sufragio. "En Oteiza el censo supera los 700
vecinos por lo que necesitábamos algo menos de 80. Hemos recabado 104",
explican estos ediles.
Ahora el siguiente trámite, que ya está solicitado, es la
celebración de un Pleno donde se votará esta consulta. La ley establece
que la misma se podrá denegar "únicamente" cuando el asunto no sea de
competencia municipal, no se acompañe con el número de firmas exigido,
se haya solicitado en un periodo concreto, por ejemplo electoral, cuando
no procedería, o si una de las opciones a escoger es contraria al
ordenamiento jurídico. "La consulta que se plantea no va en contra de
ninguno de los supuestos que aparecen en la ley como motivos para
denegarla", indican los ediles.
Estos dos concejales han solicitado la realización de este
Pleno donde se debe aprobar el referéndum por mayoría absoluta y, según
los plazos, esta sesión se debe convocar para mediados de diciembre.
Tras esto, la solicitud será remitida al Gobierno de Navarra, quien
deberá trasladarla a Madrid para que sea autorizada. Una vez obtenido el
visto bueno del Gobierno central y tras la publicación en el BON se
podrá llevar a cabo esta consulta, que no es vinculante. "Aunque no es
preceptiva creemos que es muy importante en democracia que los vecinos
expresen su opinión sobre lo que les afecta", indican estos dos ediles.
¿INCORRECTA TRAMITACIÓN?
Por otra parte y de forma paralela, Bildu ha iniciado un procedimiento
para que se revisen los actos llevados a cabo para instalar las citadas
cámaras y es que este grupo considera que los trámites realizados "no se
ajustan a la legalidad" y ha solicitado que se declaren nulos.
Los concejales de Bildu inciden en que la colocación de las
videocámaras "no está justificada", a pesar de que el alcalde explicó en
su informe de respuesta que el objetivo es "garantizar la seguridad y
protección de la casa consistorial ". Los ediles de Bildu recuerdan que
"para instalar estas cámaras es necesaria una justificación de una
situación de un razonable o importante riesgo para la seguridad
ciudadana", indica este grupo que explica que en Oteiza "no ha ocurrido
nada que afecte a la seguridad, robos, actos vandálicos o agresiones".
Además, en lo relativo a la cámara exterior, Bildu señala que
"no se formuló solicitud previa de autorización" a la Delegación del
Gobierno, "tal y como se debería haber realizado" y aseguran que la
comunicación informativa, que sí se hizo, "no cuenta con los sellos de
salida y entrada" de ambas instituciones. Bildu también cuestiona que no
se crease un fichero de datos cuando se instalaron las cámaras
interiores.
Este grupo recuerda la existencia de dos notas de reparo del
servicio de Intervención sobre la decisión de adquirir estas cámaras y
señala que no contaba con partida presupuestaria, algo que procedía
debido a que el gasto superaba los 3.000 euros (eran 5.180 euros IVA
incluido). Además en la otra nota, este servicio no acepta la división
del montante total en dos facturas diferentes. Finalmente, el alcalde
informó a Bildu de que se había incluido una partida en las Cuentas
aprobadas en junio.
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