El Gobierno de Nafarroa y la UTE Acciona-Obenasa
suscribieron ayer el contrato para la construcción del TAV entre
Castejón y Cadreita, cuyo inicio está previsto para el mes que viene. La
firma se produjo solo horas después de que el consejero de Fomento,
Luis Zarraluqui, admitiera por vez primera el problema que supone el
incumplimiento por parte del Estado de sus compromisos en esta
infraestructura, concretamente, respecto a la construcción del tramo
Castejón-Zaragoza. En una entrevista publicada el domingo en «Diario de
Navarra», el consejero cifraba en unos 45 millones de euros el coste de
los intereses del crédito solicitado para anticipar la obra, que corren
por cuenta del Ejecutivo navarro, un gasto extra que no servirá de nada
si Madrid no emprende su parte a tiempo. Y no parece que lo vaya a hacer
cuando, por ejemplo, ni siquiera existe proyecto sobre la futura
estación en Tutera, cuya construcción le corresponde.
El TAV es un negocio ruinoso para las arcas navarras. A pesar de
ello, y aunque ni siquiera hay garantía de que vaya a tener continuidad
hacia el sur, el Gabinete de Yolanda Barcina insiste en defender una
infraestructura que siempre ha contado con una fuerte contestación
social. Y si alguna vez tuvo algún sentido, y es discutible que lo
tuviera, hoy la única razón de ser de esa obra es política, por su valor
simbólico en la pugna que existe entre el modelo imperante y aquel que
cada vez más claramente se presenta como alternativa.
Aunque en otra escala, lo mismo puede decirse del gasto derivado de
la organización de la salida de la Vuelta a España, el próximo 18 de
agosto en Iruñea. Un millón y medio de euros que, por mucho que el
consejero de Políticas Sociales, Jesús Pejenaute, sostuviera ayer lo
contrario, no va a redundar en beneficio de una sociedad, la navarra,
que atraviesa una situación muy complicada. De esta forma, lo que en
otro contexto podría pasar por una frivolidad inexplicable, en estos
momentos es una irresponsabilidad inaceptable.
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